Estados Unidos y el ataque militar a Venezuela
El 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar directa contra la República Bolivariana de Venezuela, denominada oficialmente por Washington como "Operación Resolución Absoluta". La acción incluyó bombardeos en Caracas y otras zonas estratégicas del país y culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados desde Venezuela hasta Nueva York para enfrentar cargos federales en Estados Unidos por narcoterrorismo y delitos vinculados al tráfico de drogas.
Según informes de prensa internacional, el ataque militar se desarrolló en plena madrugada y generó explosiones en distintos puntos de la capital venezolana y regiones aledañas.
¿Qué justificó Estados Unidos?
El gobierno estadounidense, bajo la administración del presidente Donald Trump, justificó la intervención como una respuesta a acusaciones de narcotráfico, terrorismo y amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Desde Washington se afirmó que la captura de Maduro era un acto de "hacer cumplir la justicia" en virtud de una acusación judicial existente.
No obstante, esta explicación ha sido puesta en duda por múltiples analistas internacionales, que señalan la acción como más propia de un uso de la fuerza militar que de una operación policial o judicial transnacional, dado que se empleó armamento y logística típicos de acciones militares y no hubo un mandato multilateral ni autorización de Naciones Unidas.
Violación al derecho internacional y rechazo global
Diversos organismos y gobiernos han calificado el ataque como una violación al derecho internacional y un acto de agresión:
• El Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró que la operación puede constituir una violación de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de un Estado sin autorización del Consejo de Seguridad o en legítima defensa.
• En el Consejo de Seguridad de la ONU, numerosos países, entre ellos Brasil, China, Rusia, Cuba y Sudáfrica, denunciaron la acción estadounidense como un "crimen de agresión" que atenta contra la soberanía venezolana y pidieron una respuesta multilateral.
Los expertos en derecho internacional han sido contundentes: el uso de fuerza sin mandato del Consejo de Seguridad es ilegal y sienta un precedente peligroso, debilitando normas que protegen a todos los Estados de intervenciones unilaterales.
Impacto regional y tensiones geopolíticas
El ataque ha desatado una fuerte reacción en América Latina y el Caribe:
• Gobiernos regionales han expresado solidaridad con Venezuela y rechazo a la intervención, destacando la necesidad de respetar los principios de soberanía y no injerencia.
• Líderes progresistas y partidos de izquierda han señalado que el objetivo real detrás de la acción puede estar ligado a intereses económicos y geopolíticos, especialmente en torno a los vastos recursos petroleros de Venezuela, que son de los mayores del mundo.
Nuestra Uruguay: defensa de la soberanía y la paz
Desde Uruguay, hemos reiterado la postura históricamente solidaria con los principios del derecho internacional, incluyendo:
• Respeto irrestricto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
• Rechazo a cualquier forma de intervención armada unilateral que no esté respaldada por mecanismos multilaterales y legitimidad internacional.
• Llamado al diálogo pacífico y soluciones diplomáticas ante conflictos regionales, reafirmando el papel del MERCOSUR y la OEA como foros para la resolución de tensiones.
En Uruguay hemos sido tradicionalmente un país que promueve la paz como instrumento esencial de la política exterior latinoamericana, y en este contexto, declaramos preocupación por el uso de la fuerza en Venezuela y por las posibles consecuencias humanitarias y de inestabilidad regional.
El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro representan un punto de inflexión en las relaciones interamericanas, no sólo por la gravedad de la acción en sí, sino por el desafío que implica al sistema de normas que rigen las relaciones entre Estados soberanos.
Para nosotros, como país integrante de la comunidad internacional y de América Latina, nos resulta fundamental fortalecer el multilateralismo, proteger los derechos humanos, respetar la soberanía de los pueblos y abogar por soluciones pacíficas a las diferencias entre países.
