Gobierno rescinde el contrato con Astilleros Cardama y anuncia acciones legales
El gobierno anunció oficialmente la rescisión del contrato con el astillero español Astilleros Cardama, para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional de Uruguay.
La decisión fue comunicada por el presidente Yamandú Orsi tras un Consejo de Ministros, en diálogo con autoridades del Ejecutivo. Desde el gobierno se informó que la medida se tomó debido a "incumplimientos contractuales graves", entre ellos irregularidades detectadas en las garantías exigidas por el contrato, que no cumplían con las condiciones pactadas y en algunos casos resultaron inexistentes o inválidas.
El contrato había sido firmado el 15 de diciembre de 2023 durante la administración anterior, con un monto aproximado de US$ 92 millones, con el objetivo de renovar la flota de patrulleras oceánicas de la Armada para fortalecer la vigilancia marítima, el control de la pesca ilegal y la protección de la zona económica exclusiva.
Acciones previstas por el Ejecutivo
• Iniciar acciones judiciales para reclamar daños y perjuicios y recuperar los recursos públicos ya invertidos.
• Proceder a recuperar el patrimonio del Estado relacionado con el proyecto.
• Analizar opciones alternativas para dotar a la Armada de patrulleras oceánicas a través de nuevos procesos de adquisición con terceros países o proveedores.
• Trabajar en la adquisición de embarcaciones rápidas para fortalecer la vigilancia marítima en el corto y mediano plazo.
Repercusiones políticas y parlamentarias
La situación generó también movimiento en el ámbito legislativo. En el Senado se conformó una comisión preinvestigadora impulsada por legisladores del Frente Amplio para analizar en detalle el proceso contractual con Cardama, incluyendo la forma de contratación y las irregularidades detectadas.
Por su parte, sectores de la oposición han cuestionado la medida, calificándola como un golpe a la compra prevista y pidiendo explicaciones sobre los procedimientos previos y las consecuencias para la seguridad nacional.
El Ejecutivo reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión pública y la protección de los intereses del Estado, al tiempo que sostuvo que la Armada contará con las capacidades necesarias para cumplir sus funciones de vigilancia marítima.
Fuentes: www.gub.uy
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