Avanzamos en el análisis del Derecho a la Alimentación con aportes de FAO, Udelar e INDDHH
La Comisión Especial sobre el Derecho a la Alimentación del Parlamento recibió a una amplia delegación integrada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Uruguay y la Universidad de la República (Udelar), en el marco del proceso de intercambio orientado a la construcción de insumos para una eventual normativa nacional sobre el derecho a la alimentación adecuada.
En la sesión realizada el 25 de junio de 2026, participamos legisladoras y legisladores de ambas cámaras, intercambiando con las delegaciones técnicas sobre los desafíos actuales del sistema alimentario en el país, los marcos conceptuales de referencia y posibles caminos de coordinación institucional.
Un proceso de trabajo interinstitucional
Desde la Institución Nacional de Derechos Humanos se presentó el recorrido de trabajo desarrollado desde 2024, destacando la elaboración de un informe técnico sobre el derecho a la alimentación y la posterior conformación de un grupo de trabajo integrado por organismos del Estado, academia y sociedad civil.
Se señaló que el diagnóstico identificó la ausencia de un marco normativo integral y la dispersión institucional existente en materia de políticas alimentarias, lo que motivó la creación de espacios de diálogo y la formulación de recomendaciones para un enfoque basado en derechos humanos.
Entre las dimensiones abordadas, analizamos la disponibilidad, accesibilidad, adecuación, sostenibilidad y estabilidad del sistema alimentario, así como la necesidad de fortalecer mecanismos de vigilancia, monitoreo y evaluación.
El rol de FAO y la cooperación técnica
Desde la FAO se subrayó que su participación se enmarca en su mandato de cooperación técnica y acompañamiento a los procesos nacionales, sin carácter prescriptivo, aportando experiencias comparadas y buenas prácticas internacionales.
Destacamos la importancia de promover un enfoque integral del sistema alimentario, así como el valor del diálogo interinstitucional y la participación de múltiples actores para la construcción de políticas públicas.
Aportes desde la Universidad de la República
Por su parte, la Universidad de la República presentó los resultados de instancias de trabajo con organizaciones sociales realizadas en diciembre de 2025, en las que participaron 16 organizaciones vinculadas a distintas dimensiones del derecho a la alimentación.
Del análisis surgieron seis ejes principales de preocupación:
* Condiciones económicas de acceso a los alimentos
* Tiempo y organización de la vida cotidiana
* Educación e información alimentaria
* Justicia alimentaria y precios
* Producción agroecológica y circuitos cortos
* Gobernanza y participación social
En este sentido, se planteó la necesidad de avanzar hacia un enfoque de sistemas alimentarios que integre producción, acceso, entornos saludables y coordinación institucional.
Debate parlamentario e intercambios
Durante el intercambio, planteamos y recibimos consultas vinculadas a la evidencia disponible, la compatibilidad con datos del INE, la situación de inseguridad alimentaria en el país, la territorialización de las políticas y la necesidad de evitar superposición normativa o institucional.
También se destacó la importancia de contar con información técnica sólida, evidencia científica y análisis económico y productivo que respalde eventuales iniciativas legislativas.
En ese marco, se señaló que Uruguay dispone de mediciones de inseguridad alimentaria a nivel nacional y territorial, aunque persisten desafíos vinculados a la creación de sistemas integrados de vigilancia nutricional y a la articulación de datos entre instituciones.
Hacia una eventual propuesta normativa
Coincidimos en que el proceso en curso no constituye aún una propuesta de ley cerrada, sino la construcción de insumos técnicos, diagnósticos y espacios de diálogo que permitan eventualmente avanzar hacia una normativa nacional.
Se indicó que cualquier definición legislativa deberá surgir del Parlamento, en diálogo con el Poder Ejecutivo y los distintos actores del sistema alimentario, considerando la evidencia disponible y las experiencias nacionales e internacionales.
La Comisión continuará recibiendo aportes técnicos e institucionales en el marco de este proceso, con el objetivo de avanzar en la identificación de prioridades para el fortalecimiento del derecho a la alimentación en Uruguay, en clave de política pública y derechos humanos.