La Cámara de Representantes abordó diversos asuntos legislativos y debatió la compra de la estancia María Dolores
Este miércoles 11 de noviembre participamos de una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, en la que tratamos distintos asuntos legislativos y desarrollamos un extenso debate en torno a la actuación del Instituto Nacional de Colonización (INC) en la compra de los padrones que conforman la estancia María Dolores.
Durante la jornada, quedó aplazada la elección de los integrantes de la Comisión Permanente del Poder Legislativo para el segundo período de la L Legislatura, debido a que las listas de candidatos aún no habían sido remitidas a la Mesa.
Asimismo, aprobamos el proyecto de ley que autoriza la salida de aguas jurisdiccionales del buque ROU 20 Capitán Miranda, junto con su plana mayor y tripulación, para trasladarse al Astillero Río Santiago, en Ensenada, Argentina, entre el 11 de noviembre y el 23 de diciembre de 2026. La iniciativa fue comunicada al Senado y pasó al Poder Ejecutivo.
También avanzamos en la integración de la Comisión Especial que estudiará el proyecto referido a una eventual causal de retiro anticipado a los 60 años.
El debate sobre la estancia María Dolores
Uno de los asuntos centrales de la sesión fue el tratamiento de los informes presentados por la comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Colonización durante el proceso de compra de los padrones de la estancia María Dolores.
En sala se presentaron tres informes en minoría, correspondientes a los diputados Sebastián Valdomir, Carlos Rydström y Álvaro Perrone, que expusieron distintas valoraciones sobre el procedimiento y las decisiones adoptadas por el organismo.
Durante el debate, defendimos la actuación del Instituto Nacional de Colonización y la importancia de fortalecer su papel en el acceso a la tierra y el desarrollo de la producción familiar.
En nuestra intervención recordamos algunas decisiones adoptadas durante el período de gobierno anterior que, a nuestro entender, debilitaron las herramientas del Instituto. Entre ellas, mencionamos la desafectación de más de 50.000 hectáreas de tierras destinadas a colonización mediante la Ley de Urgente Consideración; la redirección de 380 millones de pesos anuales que recibía el organismo para la compra de tierras hacia el plan de erradicación de asentamientos; y la modificación presupuestal que destinó parte de los créditos previstos para la adquisición de tierras a la compra de terrenos vinculados al proyecto de la represa de Casupá.
Señalamos también que el actual Instituto cuenta con un Plan Político Estratégico para el período 2025-2029, aprobado por su Directorio, que establece seis capítulos y 63 acciones. Entre sus prioridades se encuentran los asalariados rurales, las mujeres y los jóvenes del medio rural, así como la adquisición de 25.000 hectáreas durante el período.
En relación con la compra de María Dolores, sostuvimos que la decisión estuvo ajustada a derecho, contó con respaldo técnico y financiero y responde a una estrategia de desarrollo productivo. Destacamos especialmente su ubicación en una cuenca lechera de gran importancia y las posibilidades que ofrece para fortalecer a los productores de la zona.
También hicimos referencia a las herramientas de producción colectiva que pueden desarrollarse en el establecimiento, como el banco de forraje, los campos de recría y el aprovechamiento compartido del riego. En ese sentido, planteamos la necesidad de pensar el desarrollo del medio rural desde las condiciones concretas que necesitan quienes producen: acceso a buenas tierras, agua, pasturas, alimentación para el ganado y mejores oportunidades para sostener sus emprendimientos.
Finalmente, ratificamos nuestro compromiso con la producción nacional, los productores familiares y la función social de la tierra, y anunciamos nuestro voto afirmativo al informe en minoría presentado por el Frente Amplio y al proyecto de resolución que pudiera surgir del debate.
Una resolución para remitir las actuaciones a Fiscalía
Luego del intercambio parlamentario, se presentó y aprobó una moción sustitutiva para remitir a la Fiscalía General de la Nación todas las actuaciones de la comisión investigadora. La propuesta obtuvo 96 votos afirmativos en 98, con dos votos negativos.
De esta manera, participamos de una sesión en la que abordamos diferentes asuntos de la agenda parlamentaria y expresamos nuestra posición sobre la actuación del Instituto Nacional de Colonización, en una discusión que puso en el centro el papel de las políticas públicas de tierras y su vínculo con el desarrollo productivo del país.