Más empleo, mejores ingresos y mayor poder de compra: avances de un gobierno que cumple
A poco más de un año de iniciado el gobierno encabezado por Yamandú Orsi, los principales indicadores económicos y sociales muestran avances concretos en uno de los compromisos centrales asumidos ante la ciudadanía: mejorar el poder de compra de las familias uruguayas y generar más oportunidades de trabajo.
Los datos difundidos recientemente reflejan una mejora sostenida en los ingresos de los hogares y en la situación del empleo. Según información del Instituto Nacional de Estadística (INE), el ingreso real de los hogares creció un 2,7%, alcanzando el nivel más alto desde que existen registros comparables. A su vez, el salario real registró un crecimiento de 2,3% durante 2025, fortaleciendo la capacidad de compra de trabajadores y trabajadoras.
En materia de seguridad social, el ajuste previsto para las jubilaciones en 2026 será de 5,97% nominal, lo que representa una recuperación real de 2,32% por encima de la inflación. Además, se implementó una modificación que fortalece especialmente a quienes perciben las jubilaciones más bajas: los incrementos extraordinarios ya no se descuentan de los ajustes generales, permitiendo que los aumentos se acumulen y generen una mejora efectiva en los ingresos de los pasivos.
Los avances también se observan en el mercado laboral. En el último año la tasa de desempleo descendió de 8,2% a 7,5%, mientras que se generaron más de 26.000 nuevos puestos de trabajo. Entre estos resultados se destaca la incorporación de casi 20.000 mujeres al mercado laboral, contribuyendo a una mayor inclusión y autonomía económica.
Con el objetivo de profundizar esta tendencia, el Parlamento aprobó por unanimidad la Ley de Empleo Integral, una herramienta que promueve la contratación de sectores que históricamente enfrentan mayores dificultades para acceder al trabajo. La norma prevé subsidios de hasta el 80% del salario para la contratación de jóvenes, mujeres jefas de hogar, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad.
Asimismo, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento la Ley de Competitividad, una iniciativa orientada a reducir costos, simplificar trámites, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuir a la baja de precios en productos de primera necesidad. Se estima que las medidas incluidas generarán ahorros cercanos a los 40 millones de dólares anuales para empresas, ciudadanos y ciudadanas.
Estos resultados muestran que las transformaciones impulsadas por el gobierno comienzan a reflejarse en la vida cotidiana de la población. Más empleo, mejores salarios y una recuperación del poder de compra constituyen señales alentadoras de un modelo que coloca a las personas, el trabajo y el desarrollo productivo en el centro de las políticas públicas.
Porque el empleo no debe ser un privilegio: debe ser una política pública al servicio de toda la sociedad.