Proteger las infancias: derechos, políticas públicas y comunidad en el centro del debate
En el programa número 18 de Mano a Mano, conversamos con Inés Cortés, diputada e integrante de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, y con Diana Noy, diputada, psicóloga e integrante de las comisiones de Vivienda y de Población y Desarrollo, sobre uno de los desafíos más importantes que tenemos como sociedad: garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
A lo largo del intercambio, abordamos la vulnerabilidad infantil desde distintas dimensiones, el impacto de la pobreza, las situaciones de violencia, las políticas públicas y la necesidad de fortalecer las redes comunitarias. También analizamos los desafíos que enfrenta el Estado para articular respuestas y acompañar a las familias, colocando siempre en el centro el interés superior de las infancias.
La vulnerabilidad infantil tiene múltiples dimensiones
Durante la conversación, reflexionamos sobre la necesidad de comprender la vulnerabilidad infantil de manera integral. Las situaciones que atraviesan niños, niñas y adolescentes no pueden analizarse únicamente desde las condiciones económicas de sus hogares: también debemos considerar sus vínculos afectivos, sus entornos familiares y comunitarios, y las posibilidades reales de crecer en espacios seguros.
En este sentido, conversamos sobre la importancia de los apegos y de contar con referentes afectivos estables. El cuidado de las infancias no se limita a garantizar alimentación, vivienda o atención física. También necesitamos asegurar afecto, protección, juego y vínculos que contribuyan a su desarrollo emocional.
Esta mirada nos invita a pensar las políticas de protección desde una perspectiva amplia, capaz de reconocer las distintas realidades que viven las familias y las necesidades particulares de cada niño, niña o adolescente.
Pobreza infantil y políticas públicas
Al analizar la situación social del país, abordamos la evolución de la pobreza infantil y las medidas impulsadas para mejorar las condiciones de vida de las familias.
Durante el programa se señaló una reducción de casi tres puntos en la pobreza infantil y se hizo referencia a la generación de cerca de 25.000 nuevos puestos de trabajo durante el primer año de gobierno, de los cuales 19.000 correspondieron a mujeres.
También conversamos sobre la unificación de las prestaciones destinadas a la infancia, cuya implementación está prevista para comenzar en 2027.
Estos datos nos permiten reflexionar sobre la importancia de las políticas públicas orientadas a mejorar los ingresos de los hogares y ampliar las oportunidades. Al mismo tiempo, debemos reconocer que la protección de las infancias exige un trabajo sostenido que contemple tanto las condiciones materiales como los vínculos y los entornos en los que crecen.
Violencia territorial y vulneraciones dentro de los hogares
Uno de los puntos centrales del intercambio fue la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes. Durante la entrevista se informó que, según los registros de Plataforma Infancia y Adolescencias mencionados en el programa, en lo que iba de 2026 se contabilizaban 38 niños y adolescentes heridos de bala.
Esta realidad nos enfrenta a la necesidad de atender las consecuencias de la violencia territorial, la presencia de grupos vinculados al narcotráfico y las situaciones de inseguridad que atraviesan distintos barrios.
Pero también pusimos sobre la mesa otra cuestión fundamental: las vulneraciones de derechos no se producen exclusivamente en contextos de pobreza. Como se señaló durante la conversación, también existen situaciones de violencia y vulneración dentro de hogares de sectores económicamente favorecidos, incluso en barrios privados, que llegan a los servicios especializados del INAU.
Por eso, entendemos que debemos abordar estas problemáticas sin prejuicios ni simplificaciones. La protección de las infancias requiere detectar las situaciones de riesgo allí donde ocurran y garantizar respuestas adecuadas, independientemente del origen social de las familias.
La articulación del Estado: un desafío fundamental
También reflexionamos sobre la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes.
El INAU, el MIDES, la ANEP, el Ministerio de Salud Pública, ASSE y el Ministerio del Interior, entre otros organismos, tienen responsabilidades que deben complementarse para brindar respuestas oportunas y eficaces.
En este marco, conversamos sobre la importancia de la atención en los centros educativos, el acompañamiento psicológico y la capacidad de detectar tempranamente situaciones que requieren intervención.
La protección integral no puede depender de acciones aisladas. Necesitamos que las instituciones compartan información de manera adecuada, coordinen sus recursos y construyan estrategias comunes, evitando que las familias queden atrapadas entre organismos que no logran dar una respuesta conjunta.
Asimismo, abordamos la importancia de avanzar en las garantías para las infancias, entendiendo que el reconocimiento de los derechos debe traducirse en políticas concretas y mecanismos efectivos de protección.
Corresponsabilidad en la crianza: proteger los derechos de niños y niñas
Durante el programa también analizamos el proyecto que propone modificar aspectos de la Ley 20.141, vinculada a la corresponsabilidad en la crianza.
En la conversación se aclaró que la iniciativa no busca eliminar el principio de corresponsabilidad, sino revisar disposiciones que generan preocupación cuando existen situaciones de violencia doméstica o violencia basada en género.
Desde esta perspectiva, planteamos la importancia de que las decisiones se adopten atendiendo a las circunstancias de cada caso y priorizando el interés superior del niño o la niña. La corresponsabilidad no puede interpretarse de una manera que deje en segundo plano la seguridad y la protección frente a situaciones de violencia.
También abordamos la disposición que establece un agravante para las denuncias falsas cuando existen hijos en común. Durante la entrevista se cuestionó la necesidad de mantener ese agravante específico, teniendo en cuenta que el Código Penal ya contempla sanciones para las denuncias falsas y el falso testimonio.
El debate nos invita a reflexionar sobre cómo construir herramientas jurídicas que protejan los derechos de todas las personas involucradas, sin generar obstáculos para quienes necesitan denunciar situaciones de violencia y sin perder de vista las garantías que corresponden en cada procedimiento.
Acompañar a las familias y comprender sus historias
Otro de los ejes que desarrollamos fue la forma en que intervenimos ante situaciones de vulnerabilidad familiar.
Durante el intercambio se destacó la importancia de hablar de acompañamiento, más que de seguimiento. Esta diferencia supone una manera distinta de acercarnos a las familias: no se trata solamente de controlar o señalar dificultades, sino de comprender sus historias de vida, reconocer sus necesidades y construir herramientas que permitan fortalecer sus capacidades de cuidado.
Para lograrlo, necesitamos escuchar y generar confianza, sin dejar de actuar cuando existen situaciones que requieren medidas de protección o intervenciones legales.
También reflexionamos sobre las infancias que tienen familiares privados de libertad y sobre la importancia de que estos niños y niñas no queden invisibilizados. Sus necesidades afectivas, sus vínculos y su derecho a recibir cuidado y protección deben formar parte de cualquier estrategia integral.
Acompañar no significa desconocer las responsabilidades de los adultos. Significa comprender las realidades, intervenir de manera adecuada y generar condiciones para que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean respetados.
Redes sociales, adolescencia y convivencia
Las redes sociales y el uso de los dispositivos digitales también formaron parte de nuestra conversación. Abordamos los desafíos que enfrentan las familias y los centros educativos ante los cambios en las formas de vincularse, los problemas de convivencia y el impacto que pueden tener las pantallas en la vida cotidiana de niños y adolescentes.
Más allá de las discusiones sobre regular o prohibir el uso de celulares y redes sociales, entendemos que necesitamos promover espacios de diálogo, educación y acompañamiento. Las respuestas deben contemplar las responsabilidades de las familias, las instituciones educativas y el conjunto de la sociedad.
No alcanza con establecer límites si no generamos, al mismo tiempo, alternativas de encuentro, participación y recreación que permitan construir vínculos saludables.
Recuperar el tejido comunitario: más vínculos y espacios seguros
Uno de los planteos que surgió con fuerza fue la necesidad de reconstruir el tejido comunitario. Frente al aislamiento, la desconfianza y el avance de la violencia, necesitamos recuperar los espacios de encuentro y fortalecer las organizaciones barriales.
Durante el programa también se planteó la propuesta de construir corredores seguros para niños, niñas y adolescentes, con la participación de intendencias y municipios. La idea es identificar comercios y otros espacios de referencia a los que puedan acudir si necesitan ayuda o protección.
Estas iniciativas nos permiten pensar la seguridad desde una perspectiva comunitaria. No se trata únicamente de aumentar controles o levantar más barreras, sino de construir redes de confianza, reconocer a quienes integran nuestros barrios y generar entornos donde las infancias puedan circular y desarrollarse con mayor tranquilidad.
Cuando fortalecemos los vínculos comunitarios, ampliamos también las posibilidades de prevenir situaciones de riesgo y de actuar a tiempo cuando un niño, una niña o un adolescente necesita ayuda.
Una responsabilidad compartida
La conversación que compartimos en este nuevo programa de Mano a Mano nos permitió poner en común distintas dimensiones de un desafío que nos involucra a todos.
Proteger las infancias exige políticas públicas sostenidas, instituciones capaces de trabajar coordinadamente, marcos jurídicos que garanticen derechos y comunidades dispuestas a involucrarse. También requiere que aprendamos a escuchar, que comprendamos las distintas realidades familiares y que actuemos sin prejuicios, con responsabilidad y sensibilidad.
Tenemos por delante el desafío de construir una sociedad en la que ningún niño, niña o adolescente quede desprotegido. Para eso, necesitamos mucho más que respuestas aisladas: debemos fortalecer los vínculos, acompañar a las familias y garantizar que los derechos reconocidos se conviertan en una realidad cotidiana.
Porque cuidar las infancias no es una tarea exclusiva de una institución ni una responsabilidad que pueda recaer solamente en las familias. Es un compromiso colectivo que debemos asumir como sociedad.